Dolores Hidalgo, Gto., 10 de junio del 2026.-
El Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato determinó que sí existió una obstrucción al ejercicio del cargo de dos regidurías del Ayuntamiento de Dolores Hidalgo durante una sesión ordinaria de Cabildo, al impedirles participar en el debate de un asunto incluido en el orden del día. Sin embargo, descartó que los hechos constituyeran violencia política contra las mujeres en razón de género.
Durante sesión pública, las magistraturas resolvieron de manera unánime los expedientes TEEG-JPDC-05/2026 y TEEG-JPDC-06/2026, promovidos por dos integrantes del Ayuntamiento que denunciaron tanto la limitación de su derecho a intervenir en una sesión de Cabildo como una serie de publicaciones difundidas en redes sociales y medios digitales.
En la resolución, el Tribunal concluyó que la Secretaría del Ayuntamiento incumplió con el reglamento interior al no abrir la discusión del tema en cuestión, pese a que la normatividad municipal contempla la posibilidad de deliberar cualquier asunto sometido a consideración del órgano colegiado.
Asimismo, las magistraturas señalaron que el alcalde de Dolores Hidalgo, Adrián Hernández Alejandri, tampoco ejerció las facultades que le corresponden para garantizar el uso de la voz a las personas integrantes del Ayuntamiento que solicitaron intervenir durante la sesión.
No obstante, respecto a las expresiones difundidas en Facebook y diversos medios de comunicación digitales, el órgano jurisdiccional determinó que no se configuró violencia política contra las mujeres en razón de género, al considerar que los mensajes analizados no contenían elementos discriminatorios ni estereotipos relacionados con la condición de género de las denunciantes.
Con esta resolución, el Tribunal reconoció la vulneración a los derechos político-electorales de las regidoras en el ejercicio de sus funciones, pero descartó que dicha conducta estuviera motivada por razones de género.
La sesión fue encabezada por la magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, Yari Zapata López, junto con los magistrados Juan Antonio Macías Pérez y Pablo Roberto Sharpe Calzada.
