Un caso de corrupción de gran magnitud golpea a la Secretaría de Marina, luego de que se destapara una red de contrabando de combustibles conocida como huachicol fiscal, que operaba mediante fraudes aduaneros y declaraciones falsas para evadir el pago de impuestos. La investigación reveló la participación de mandos navales, empresarios y funcionarios, lo que ha generado una crisis institucional y política en el país.
La red fue descubierta tras la detección del buque Challenge Procyon, interceptado en Tampico con millones de litros de diésel declarados como petroquímicos para eludir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. El hallazgo permitió a la Fiscalía General de la República iniciar un operativo que derivó en la detención de al menos 14 personas, entre ellas oficiales en activo, exfuncionarios de aduanas y empresarios vinculados al transporte y almacenamiento de combustibles.
Entre los señalados se encuentra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, ambos relacionados con la élite de la Marina y con nexos familiares con el exsecretario Rafael Ojeda Durán. Asimismo, las investigaciones apuntan a la participación de intermediarios apodados como “Capitán Sol”, quienes habrían facilitado sobornos, manipulaciones aduaneras y designaciones estratégicas en los puertos.
El caso ha escalado aún más tras los decesos de mandos vinculados a las pesquisas, entre ellos el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez y el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Aguilar, lo que ha levantado sospechas sobre posibles ajustes internos para silenciar a testigos clave. Estos hechos han encendido las alarmas sobre la profundidad de la red y el nivel de protección que pudo haber tenido dentro de las fuerzas armadas.
El gobierno federal y la Secretaría de Marina han asegurado que colaboran con la justicia y que no habrá encubrimiento, mientras la oposición exige una investigación a fondo que alcance a todos los responsables. El escándalo, que estalla en un momento de tensión política por el paquete económico y el debate sobre la militarización de aduanas, coloca al huachicol fiscal en el centro de la agenda nacional como un fenómeno que no sólo erosiona las finanzas públicas, sino también la confianza en las instituciones encargadas de resguardar la seguridad y la legalidad.