2 de julio de 2025.–
El Congreso de la Unión aprobó esta semana una serie de reformas que han sido bautizadas por organizaciones civiles como la “Ley Espía”, al permitir que autoridades de seguridad accedan a datos personales sin necesidad de una orden judicial, ya que la normativa amplía las atribuciones de la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional y el Ejército, quienes podrán consultar bases de datos biométricos, financieros, fiscales y de geolocalización como parte de labores de inteligencia e investigación.
La reforma modifica disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, ya que entre los cambios destaca la creación de una Plataforma Central de Inteligencia que conectará múltiples registros de instituciones públicas y privadas, aunque las autoridades aseguran que el objetivo es combatir delitos graves, como el narcotráfico o la desaparición forzada, diversas voces advierten que la ley carece de controles efectivos y mecanismos de supervisión independientes.
Desde el oficialismo se ha defendido la reforma como una herramienta para modernizar la capacidad del Estado frente a las redes criminales que operan con tecnologías avanzadas, sin embargo, legisladores de oposición y defensores de derechos digitales aseguran que se trata de una regresión preocupante en materia de privacidad, ya que señalan que al eliminar el requisito de autorización judicial para el acceso a información sensible se abre la puerta a un uso discrecional de los datos de la ciudadanía.
Colectivos como R3D, Article 19 y SocialTIC advirtieron que esta legislación consolida un modelo de vigilancia masiva en el país y podría utilizarse para fines políticos, como la persecución de periodistas, activistas o disidentes, ya que a su vez, organismos internacionales como Human Rights Watch han llamado a revisar la reforma bajo estándares de derechos humanos, enfatizando la necesidad de controles democráticos en el uso de herramientas de vigilancia estatal.
La iniciativa fue aprobada por mayoría con el respaldo de Morena y sus aliados y ya fue enviada al Ejecutivo para su promulgación, mientras tanto, diversos sectores anuncian que recurrirán a acciones legales ante la Suprema Corte de Justicia para frenar su implementación, aunque el debate, sin embargo, trasciende lo jurídico, ya que pone en juego el delicado equilibrio entre la seguridad pública y el derecho a la privacidad en una democracia.