10 de julio de 2025.– El alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez reveló que al iniciar su administración recibió presiones de la empresa Seguritech, que buscaba obligar al municipio a renovar el contrato para operar el sistema de videovigilancia del C4, pese a que dicho convenio ya había vencido.
Según explicó el edil, representantes de la firma argumentaron que existía un acuerdo con el Gobierno del Estado que comprometía a todos los municipios y advirtieron que Celaya podría ser multada si no continuaba con el servicio, no obstante, tras revisar el expediente, el Ayuntamiento confirmó que no existía tal obligación y decidió no ceder a las presiones.
El contrato con Seguritech implicaba un gasto anual cercano a los 130 millones de pesos, cifra que el gobierno local consideró excesiva, por lo que la administración municipal optó por buscar proveedores que ofrecieran costos más competitivos pero que al mismo tiempo cumplieran con los estándares de seguridad requeridos por SEDENA y la Guardia Nacional.
El alcalde subrayó que durante este proceso no existieron ofrecimientos de “diezmo” ni de ningún otro tipo de beneficio y aseguró que su gobierno no tolerará actos de corrupción, además hizo un llamado a la Fiscalía estatal para investigar posibles irregularidades relacionadas con contratos firmados en administraciones anteriores.
Con este caso el municipio busca enviar un mensaje claro de que no permitirá presiones indebidas ni comprometerá recursos públicos sin sustento legal, al tiempo que refrenda su compromiso con la transparencia y con la seguridad de los celayenses.