Ciudad de México.–16 de octubre del 2026.-
El rechazo de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al incremento salarial de 6.8 por ciento abrió un nuevo frente de inconformidad dentro de una de las principales instituciones de salud pública del país, donde las protestas también han puesto en evidencia las carencias que enfrenta el personal para desempeñar sus labores.
La consulta nacional realizada el 14 de octubre dio paso al rechazo de la propuesta salarial para el periodo 2026-2027, en medio de movilizaciones de trabajadores activos y jubilados que demandan mejores ingresos, abasto de medicamentos, material médico suficiente y cobertura de plazas vacantes.
El ofrecimiento contemplaba un aumento de 2.9 por ciento directo al salario tabular y otro 3.9 por ciento en prestaciones. Sin embargo, para los sectores inconformes, el planteamiento no respondió a sus expectativas económicas ni a las necesidades que enfrentan en sus centros de trabajo.
Las manifestaciones registradas en distintos puntos del país han colocado en la discusión pública problemas que van más allá de la negociación salarial: trabajadores denuncian falta de insumos, déficit de personal, sobrecarga laboral y deficiencias en las condiciones de atención dentro de las unidades médicas.
Entre las exigencias también figuran un incremento directo al salario de al menos 10 por ciento, cambios en el sistema de jubilaciones y pensiones y la salida de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), a quien sectores inconformes cuestionan por la negociación del aumento.
Anuncios oficiales, pendientes por resolver
Ante el resultado de la consulta, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó al director general del IMSS, Zoé Robledo, a revisar alternativas y establecer una nueva mesa de trabajo para buscar una propuesta que pueda responder a las demandas de los trabajadores.
El anuncio abre la posibilidad de retomar las negociaciones, aunque todavía está pendiente conocer los términos de una nueva oferta y si esta logrará convencer a una base laboral que ya manifestó su desacuerdo con el planteamiento inicial.
Por su parte, el Instituto ha sostenido que sus servicios de urgencias, hospitalización, terapia intensiva, atención de partos y hemodiálisis continúan operando, además de señalar que existen trabajos permanentes para atender necesidades relacionadas con medicamentos, insumos, mantenimiento y cobertura de plazas.
No obstante, la continuidad de los servicios no elimina los cuestionamientos planteados por los trabajadores ni resuelve por sí misma las deficiencias que denuncian. El desafío consiste en traducir los anuncios institucionales en mejoras que puedan comprobarse tanto en las condiciones laborales como en la atención que reciben los derechohabientes.
El conflicto también pone sobre la mesa la relación entre el presupuesto, la capacidad operativa de las unidades médicas y las condiciones en que trabaja el personal encargado de atender a millones de mexicanos.
Mientras se define una nueva propuesta salarial, las protestas mantienen abierta una discusión más amplia sobre el funcionamiento de la salud pública: no solamente cuánto gana el personal, sino con qué recursos, equipo y número de trabajadores cuenta para responder a la demanda de atención médica.
La negociación que sigue tendrá que responder a dos exigencias vinculadas: atender la inconformidad laboral y garantizar que las necesidades de los pacientes no queden relegadas en medio del conflicto.