Guanajuato, Gto., 14 de agosto del 2026.-
Con una movilización simultánea en distintos puntos del país, jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y otras instituciones hicieron público su rechazo a los efectos que atribuyen a las modificaciones del artículo 127 constitucional.
En Guanajuato, los trabajadores retirados aprovecharon además el aniversario 89 de la CFE para visibilizar su inconformidad y exigir que se respeten las condiciones bajo las cuales fueron establecidos sus convenios de jubilación.
Gabriel Pacheco Hernández y Ángel Mario Vázquez, voceros estatales de los jubilados de la CFE e integrantes de la Alianza Nacional, explicaron que su demanda no consiste en obtener un aumento a sus pensiones, sino en evitar que las modificaciones legales tengan efectos sobre derechos que consideran adquiridos.
De acuerdo con los representantes, las pensiones fueron determinadas conforme a contratos colectivos y convenios de jubilación que fueron ratificados ante las autoridades laborales, por lo que consideran que no pueden modificarse de manera retroactiva.
Señalaron que esta situación comenzó a generar afectaciones desde el 11 de abril y que, ante ello, jubilados de diferentes estados recurrieron a amparos. Sin embargo, afirmaron que los recursos fueron desechados a nivel nacional.
El movimiento también ha buscado abrir canales de diálogo con legisladores de distintas fuerzas políticas. Los jubilados sostienen que la problemática no debe abordarse desde una sola corriente partidista, debido a que, desde su perspectiva, está en juego el principio de certeza jurídica.
Aunque reconocieron que durante junio se realizó un ajuste que permitió mejorar el monto de algunas pensiones, consideraron que la medida no representa una solución definitiva, debido a que se realizó mediante un oficio y no a través de una modificación legislativa que otorgue certeza permanente.
La preocupación aumentó luego de que desde el Gobierno Federal se planteara una nueva modificación al artículo 127 constitucional. Los jubilados señalaron que esperarán a conocer el contenido de la propuesta para determinar si atiende su principal exigencia: eliminar cualquier aplicación retroactiva que afecte sus derechos.
Los representantes estimaron que originalmente cerca de 90 mil jubilados se encontraban dentro del universo afectado y que actualmente entre 20 mil y 25 mil continuarían enfrentando las consecuencias de las modificaciones.
Durante la manifestación insistieron además en rechazar la etiqueta de “pensiones doradas”. Argumentaron que sus ingresos de retiro son resultado de años de trabajo y de las condiciones establecidas previamente por la propia institución y el Estado.
El movimiento adelantó que continuará con reuniones con diputados, senadores y autoridades federales, además de mantener acciones públicas en distintos estados, mientras se define el rumbo de la reforma al artículo 127.