El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego se vio nuevamente envuelto en la polémica internacional, luego de que un tribunal en Nueva York lo declarara en desacato por no cumplir con una sentencia relacionada con la venta de Iusacell a AT&T, ya que la justicia estadounidense lo obligaba a responder por presuntas omisiones en la operación, consideradas como un fraude en perjuicio de la compañía norteamericana.
Para evitar su detención inmediata en la prisión de Rikers Island, el fundador de Grupo Salinas depositó una fianza de 25 millones de dólares, lo que le permitió mantener su libertad mientras continúa el proceso legal, y este pago no significa el cierre del caso, sino únicamente una medida de garantía mientras la corte determina las sanciones definitivas.
El conflicto surgió a raíz de la venta de Iusacell en 2014, cuando AT&T alegó que no se le informaron adeudos fiscales y financieros previos, lo que derivó en un litigio en Estados Unidos, y tras varios años de disputa, la corte falló a favor de la empresa estadounidense y ordenó al magnate mexicano cumplir con las obligaciones establecidas en la sentencia.
El tema escaló a la arena política mexicana, después de que la presidenta Claudia Sheinbaum calificara la situación como un ejemplo de defraudación en el extranjero, y en respuesta, Grupo Salinas anunció que emprenderá acciones legales contra la mandataria, por considerar que sus declaraciones dañan la reputación del empresario y constituyen difamación.
La controversia mantiene a Salinas Pliego en el centro de la discusión pública, con frentes abiertos tanto en tribunales estadounidenses como en demandas fiscales en México, y el desenlace de este caso podría tener repercusiones no solo para el magnate y sus empresas, sino también para la relación del sector privado con el gobierno y la percepción internacional de la justicia mexicana.